La Delincuencia Organizada Internacional y su Impacto en la Frontera Ecuador-Perú
Edith del Rocío Pino Icaza[1]
Información del artículo
Fecha de recepción: 26 de Septiembre de 2023.
Fecha de aceptación: 18 de Diciembre de 2023.
La desaceleración de la economía mundial, la contracción del turismo y el marcado endurecimiento de las condiciones sociales por la migración irregular, en nuestros países vecinos ha generado un importante impacto en su desarrollo. Antes de la declaratoria de emergencia en Perú y de Excepción en Ecuador, la frontera común ya adolecía de una serie de problemas de tipo social, que se exacerbaron con la implementación de medidas de restricción sanitaria, que fueron el cierre de fronteras, restricciones de comercialización, entre otros. Este artículo pretende explorar la delincuencia organizada internacional y su impacto en la frontera Ecuador-Perú, y con ello analizar el efecto en el flujo migratorio irregular en el número de trata y tráfico de personas, estimar la afectación en el intercambio comercial y determinar si la presencia de grupos que operan al margen de la ley, afecta las relaciones vecinales y con estos elementos proponer un modelo de interoperabilidad binacional policial.
Palabras Claves: Delincuencia organizada, frontera Ecuador-Perú, trata de personas, tráfico de migrantes, seguridad, operativos binacionales.
Clasificación JEL: F22, F53, I38
International Organized Crime and its Impact on the Ecuador-Peru Frontier
The slowdown in the world economy, the contraction of tourism, and the marked hardening of social conditions due to irregular migration in our neighboring countries has significantly impacted their development. Before the declaration of emergency in Peru and the exception in Ecuador, the common border had already suffered from a series of social problems, which were exacerbated by the implementation of sanitary restrictions, the closure of borders, and marketing restrictions, among others. This article aims to explore international organized crime and its impact on the Ecuador-Peru border, thereby analyzing the effect on the irregular migratory flow, estimating the influence on commercial exchange, and determining the presence of groups that operate outside the law. The number of human trafficking and smuggling has increased, and with these elements, they propose a model of binational police interoperability.
Keywords: Organized crime, Ecuador-Peru border, human trafficking, migrant smuggling, security, binational operations.
JEL Classification: F22, F53, I38
Introducción
En los últimos años, los procesos migratorios en Latinoamérica se han visto reavivados por motivos políticos y económicos. Específicamente, en la frontera de Ecuador con Perú, estos acontecimientos poco comunes derivaron en sucesos que terminarían por convulsionar la ancestral cotidianeidad de esta zona limítrofe.
Al principio, la atención de las autoridades en este comportamiento migratorio atípico, se centraba en estructurar estrategias de contención para la migración irregular, luego nadie se percataría a tiempo del problema subyacente que se estaba gestando tras bastidores, este es, el asentamiento de la delincuencia organizada internacional que encontró en este caos el escenario ideal para tomar posiciones y comenzar a operar en un terreno fértil y productivo para sus protervos intereses (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021).
En la frontera a nivel internacional, desde siempre han existido problemas de delincuencia e inseguridad. Es de indicar, no obstante que, los incidentes relacionados con esta problemática, casi siempre, se restringían a delitos aduaneros, contrabando de mercancías y delitos contra la propiedad. Las bandas internacionales y/o sus brazos ejecutores nacionales que se han apoderado de la zona se han especializado en tráfico de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, secuestros, tráfico de migrantes, trata de personas y sicariatos. Nunca los niveles de delitos contra la vida y contra las personas han registrado los niveles de incidencia que se reportan en los últimos meses, lo cual marca un hito entre lo que sucedía antes de la pandemia y después de la pandemia ya que, esta fase de transición que ha estado plagada por el desorden, la desobediencia civil y el aumento de delitos comunes que han sido la plataforma aprovechada por grupos que ejecutan su accionar fuera de la norma (Gu y otros, 2022).
En los últimos años, los procesos migratorios en Sudamérica se han visto reavivados por motivos, sobre todo políticos y económicos. Tomamos como referencia la diáspora migratoria que se vio marcada por la violación a los procedimientos tradicionales, sobre todo a las regulaciones migratorias que en poco tiempo terminó por desbordar la capacidad de atención de la infraestructura local y con la penetración de grupos delictivos en la zona de frontera, provenientes de la región (Bennett, 2020).
Específicamente, en la frontera de Ecuador con Perú estos acontecimientos poco comunes derivaron en sucesos que terminarían por convulsionar la ancestral cotidianidad de esta zona limítrofe. Durante el año 2022, varios fenómenos del contexto social transfronterizo tienden a visibilizar tres problemáticas muy marcadas, que son de tipo económicas, migratorias, y sociales, que se expanden con lentitud en unos casos y con celeridad en otros.
Estas han ido creando un tejido de determinadas “anomias sociales” en el marco binacional, estos son: 1) Aumento del tráfico de migrantes y trata de personas; 2) presencia de nuevas bandas delincuenciales; y 3) nuevas formas de contrabando en las fronteras terrestres y marítimas de Ecuador y Perú.
Desde este punto de vista se justifica la necesidad del desarrollo de la presente investigación ya que se pretende que los hallazgos y conclusiones a las que se lleguen constituyan una herramienta que pueda ser útil para determinar el impacto que la delincuencia organizada internacional y sus brazos ejecutores locales, han tenido en este cordón limítrofe de tal manera que pueda servir de guía para la estructuración de políticas públicas dirigidas a dar solución a este flagelo.
Albanese (2022) señala que abordar los problemas más grandes del mundo sin abordar la corrupción resultará en un fracaso. Los aspectos comunes de los problemas globales requieren un enfoque conceptual unificado. La centralidad de la corrupción en todos los grandes problemas globales hace que la corrupción sea el problema más grande del mundo. Un compromiso con la educación y la capacitación en ética puede generar opciones más éticas y respuestas basadas en principios que aumentarían la responsabilidad individual y reducirían la corrupción. Los problemas más grandes del mundo sólo pueden disminuirse mediante una toma de decisiones más ética, que es un precursor de la disminución de la corrupción, como característica común de los problemas más grandes del mundo.
Mehozay y Factor (2021) exponen de manera crítica las tendencias y tensiones en la criminología, y apuntan a un aumento en la importancia atribuida al análisis de "panorama general", con una atención cada vez mayor a las consideraciones normativas y el contexto social.
Franko (2021) aborda uno de los conceptos y perspectivas criminológicos centrales, el de la desigualdad, y examina posibles vías para teorizar la dinámica de la desigualdad en la seguridad global. ¿Qué tan bien equipada está la criminología para abordar los procesos subyacentes de estratificación social que dan forma a las decisiones sobre la vida de quién debe protegerse y por qué medios? ¿Cómo sería una comprensión global de la desigualdad? ¿En qué medida los conceptos existentes para analizar la desigualdad mejoran o impiden nuestra comprensión de las divisiones sociales globales?
LaFree (2021) hace referencia que a medida que Internet sigue acercando al mundo, también facilita el desarrollo de nuevas formas de delincuencia que son parcial o totalmente internacionales. Por ejemplo, el delito cibernético, la trata de personas, el terrorismo, el comercio internacional de drogas, la piratería marítima y el crimen organizado. La tecnología en evolución ha creado nuevas oportunidades para el estudio del crimen internacional. Las plataformas de redes sociales ahora brindan datos de encuestas en tiempo real sobre miles de millones de encuestados de todas partes del planeta.
A medida en que la investigación criminológica internacional se guíe cada vez más por datos de código abierto y de redes sociales, es probable que haya implicaciones importantes para las relaciones entre los datos que se analizan y las teorías que usamos para dar sentido a estos datos.
Braithwaite (2021) señala que los problemas de delincuencia pueden propagarse en cascada por todo el mundo como contagios desagradables (como el COVID). La prevención cosmopolita podría inspirar la innovación en criminología. La criminología ha tendido a tener una percepción demasiado trunca del papel que puede desempeñar en la prevención de las peores catástrofes que acontecen en el planeta, como la globalización de la esclavitud, las crisis financieras, el ecocidio y el genocidio. La criminología internacional que incuba una imaginación cosmopolita tiene la clave para que la criminología realice esa modesta contribución junto con otras disciplinas que pueden brindar al mundo justicia como un futuro mejor.
Hagan (2021) considera el desarrollo del derecho penal internacional y como campo de estudio en la criminología estadounidense. Se revelaron torturas a detenidos en Irak por parte de EE.UU. y se descubrió que un detective de la policía operaba un escuadrón de tortura en Chicago. La Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas utilizó sus procedimientos para presionar a EE. UU. y a la ciudad de Chicago para que investigar. Posteriormente, se utilizaron los mismos procedimientos para presionar a Chicago para que apoyara un programa de reparación para víctimas y familiares de tortura policial.
Neyroud (2022) aporta que los avances de la investigación durante el último medio siglo han mejorado sustancialmente la comprensión científica de las instituciones policiales. Las naciones que invierten en esas instituciones tienen un interés directo en promover ese conocimiento como parte integral de una estrategia eficaz para promover la protección policial del público, así como su estado de derecho. El mundo solo puede esperar promover el estado de derecho y la protección pública de manera más efectiva de lo que lo ha hecho en las últimas décadas con más conocimiento en los próximos años.
García Pinzón y Mantilla (2021) plantean que las organizaciones criminales no solo desdibujan o erosionan la frontera, sino que la imponen para su propio beneficio. Estos grupos establecen normas para regular las prácticas socioespaciales, las economías informales e ilegales y los flujos migratorios, creando órdenes sociales superpuestos y, por último, reformando la frontera.
Clark y otros (2020) examinan los mecanismos que sustentan el surgimiento de la violencia entre individuos en el entorno del crimen organizado. Los efectos relacionales sobre la victimización son consistentemente más fuertes que los efectos de las características individuales. Por lo tanto, desde una perspectiva política, considera que las banderas rojas relacionales (o factores de riesgo) deberían desempeñar un papel más central. Un enfoque en el acoso podría ser valioso en el desarrollo de una estrategia de intervención temprana. Además, exploran los méritos de los datos de encuestas comerciales sobre delincuencia a través de la validación cruzada con métricas de delincuencia establecidas. Concluyen que las dimensiones de la gobernabilidad surgieron como poderosos determinantes de los niveles de todos los tipos de delitos. Además de la gobernabilidad, determinantes importantes de la delincuencia común fueron la pobreza, la desigualdad y la proporción de jóvenes. Se encontraron que los cambios en estas mismas características de los países están correlacionados con los cambios en los niveles de delincuencia en los últimos quince años.
van Dijk y otros (2021) indican que los resultados demuestran que casi la mitad de los hijos de delincuentes del crimen organizado tienen antecedentes penales. Los hijos tienen un riesgo significativamente mayor de delinquir y este riesgo también aumenta considerablemente con la edad. Además, los resultados muestran la relación intergeneracional más fuerte para los delitos violentos. El género del padre condenado y el momento del delito parental también parecen desempeñar un papel en la continuidad. Con respecto al riesgo relativo de delinquir, los resultados muestran que los hijos de delincuentes criminales organizados condenados tienen tres veces más riesgo de delinquir en comparación con los niños del grupo de comparación.
Christensen (2021) investiga la sociogénesis de dos tipos diferentes de justicia penal desarrollados en la frontera del estado. En esta frontera, el campo de la justicia penal internacional se diferenció del campo de la justicia penal transnacional. Se analiza cómo las élites de estos dos campos se caracterizan por distintas relaciones con el Estado que estructuran su capacidad para influir en la justicia penal fuera del contexto nacional. Estos profesionales trabajaron en paralelo en los sistemas nacionales de justicia donde acumularon distintos patrones de experiencia y acceso al estado. Sobre la base de estas diferencias socio profesionales, los profesionales del derecho y la policía ayudaron a definir nuevas iniciativas de justicia penal en la frontera del estado que profundizaron la división entre ellos.
Meneghini y otros (2023) analizan los hallazgos que indican diferentes vías: 1) Los primeros reclutas muestran un inicio más temprano, con delitos menos prolíficos, menos versátiles y más graves; y, 2) Los reclutas tardíos registran un inicio tardío, con ofensas más prolíficas y versátiles, pero menos graves. La codelincuencia violenta aumenta la probabilidad de reclutamiento temprano mientras que disminuye la probabilidad de reclutamiento tardío. Los resultados son robustos a diferentes submuestras y umbrales para la identificación de reclutas tempranos/tardíos.
Los hallazgos sugieren que el reclutamiento en el crimen organizado no es un proceso uniforme y que los diferentes momentos de participación pueden proporcionar información sobre las características de los delincuentes. Los jóvenes reclutas parecen estar inmersos en un contexto delictivo y violento incluso antes de su reclutamiento formal, y pueden cometer delitos graves y violentos para señalar su compromiso de unirse al grupo delictivo.
Guerci y otros (2022) recogen el testimonio de Paolo, un empresario italiano que trabajó durante años bajo el control de un clan de la ‘Ndrangheta, y finalmente se rebeló contra esa organización criminal. Paolo operaba en una primera línea crucial, ya que manejaba las relaciones entre su empresa y la organización criminal dominante en su área. Esta historia constituye una “llamada de atención” para más investigación sobre la intrusión del crimen organizado en el mercado laboral. La historia de Paolo revela cuán fuertemente el crimen organizado puede penetrar los procesos de toma de decisiones y controlar las prácticas de gestión de personas clave. Dicho control es decisivo no solo bajo la influencia directa del crimen organizado, sino también después de rebelarse contra él.
Dehghanniri y Borrion (2021) exploran la lógica detrás de la evaluación pública de la gravedad del delito y considera cómo la lógica del público se alinea con los principios legales y los requisitos de las políticas. Una encuesta de población general indica que la lógica del público es más moralista que consecuencialista y plantea dudas sobre la validez de las percepciones públicas sobre la gravedad del delito como indicador de la gravedad del delito para la formulación de políticas
Mitsilegas (2019) explora las líneas divisorias entre el derecho europeo e internacional y una amplia gama de conductas se han tipificado como tráfico de personas en el derecho internacional y europeo. Esta conducta va desde el crimen organizado hasta la explotación y la violencia, desde la asistencia humanitaria hasta la entrada irregular, y recientemente se han hecho llamamientos para que el contrabando sea tratado como un crimen de lesa humanidad. Se examina críticamente la tipificación del tráfico de personas, proporcionando una taxonomía de los fundamentos normativos alegados y reales para dicha tipificación. El análisis arrojó luz sobre la ambigüedad detrás de la criminalización del tráfico de personas y evaluará de manera crítica los intentos de adoptar un enfoque "cajón de sastre" para la criminalización.
Blaustein y otros (2019) analizan históricamente los orígenes intelectuales e institucionales del interés de la comunidad internacional en el vínculo entre el crimen y el desarrollo que condujo a la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000 que se basó en una combinación de fuentes documentales y entrevistas expertos de la política criminal internacional, rastrea este interés hasta la agenda de defensa social de las Naciones Unidas que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Situamos esta agenda en relación con la aspiración occidental de avanzar en el proyecto de Modernización y reflexionamos sobre cómo sus deficiencias, junto con los cambios ideológicos, económicos y geopolíticos a nivel internacional, contribuyeron a la diversificación de la agenda política criminal de las Naciones Unidas durante la década de 1970.
Van Koppen y otros (2022) analizan el papel del empleo en las carreras delictivas de los delincuentes. Se considera que el empleo ayuda a los delincuentes a desistir del delito; sin embargo, los estudios centrados en los delincuentes del crimen organizado han sugerido que el empleo puede promover en lugar de inhibir el crimen para estos delincuentes. Este estudio demostró los efectos del empleo, el trabajo por cuenta propia y el empleo en la nómina. Para los delincuentes del crimen organizado, estar empleado se asocia con un aumento del 10 % en la delincuencia y tener su propio negocio se asocia con un aumento del 23 % en la delincuencia. Para los delincuentes del crimen organizado en posiciones de liderazgo, el empleo se asocia con un aumento del 47 % y ser propietario de un negocio se asocia con un aumento del 68 % en la delincuencia.
Van der Wilt y Paulussen (2019) realizaron un mapeo de los posibles cuellos de botella para la cooperación jurídica internacional en el contexto del terrorismo y/o crimen organizado. La suposición es que, debido al nexo entre crimen y terrorismo, cualquier obstáculo que se encuentre en esa área con respecto a la represión de una forma de delincuencia también resultará contraproducente para la otra forma. Luego de abordar el concepto indefinido de terrorismo, y su vinculación con el crimen organizado
El trabajo actual se consideró de enfoque cualitativo y de nivel exploratorio. La investigación de tipo básica aplicada busca comprender de forma integral las características de los fenómenos a estudiar, es por esta razón que se considera este tipo de estudio para ampliar el saber sobre la problemática estudiada. La investigación básica es conocida como pura o fundamental, cuya base es generar nuevos conocimientos; así mismo anuncian dos niveles de este tipo de investigación: exploratoria y descriptiva. La función de la investigación descriptiva, es recopilar información sobre las variables que se estudian para demostrar hipótesis o dar respuestas a las preguntas relacionadas con los sujetos de estudio (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).
Este tipo de investigación fue exploratoria porque el objetivo se basa en interpretar cómo funciona y sucede el fenómeno de investigación, porque todos los objetos están organizados, sintetizados y secuenciados para resolver problemas. Se utilizó un enfoque cualitativo porque proporciona una forma de incluir las perspectivas de las experiencias sociales (Baena Paz, 2017).
De manera cualitativa se logró una perspectiva de “adentro” y “afuera” y una perspectiva dual: se analizan aspectos explícitos, conscientes y manifestados, así como aspectos ocultos, inconscientes y latentes (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2018).
Asimismo, se utilizó el enfoque de teoría fundamentada, porque es un método de investigación que resuelve la pregunta de investigación en general, también con la ayuda de categorías y subcategorías, y también ofrece nuevas formas de estudiar fenómenos en el proceso de ejecución, con la ayuda de explicaciones que condujo a la creación, evaluación, examinar los criterios ajustados para el buen funcionamiento del fenómeno y sacar conclusiones de los datos recopilados utilizando la herramienta.
El distrito de Tumbes y el cantón de Huaquillas fueron elegidos porque existe la voluntad de analizar y contribuir a la lucha preventiva contra el crimen organizado, fundamental para la seguridad de la población en las regiones y países afectados.
La muestra conformada consideró dos perspectivas: una perspectiva interna donde los habitantes del sector estuvieron directamente afectados por el conflicto fronterizo, que son de los sectores de Tumbes y Huaquillas; y, otra perspectiva externa, que si bien son partes de la población, fueron afectados indirectos como las autoridades y miembros del orden público, autoridades en materia de seguridad y control civil, los cuales son expertos que tienen conocimiento del tema de investigación, comprendida por el los alcaldes de Tumbes y Aguas Verdes, los jefes de las policías y las Fuerzas Armadas de la región de Tumbes y la Provincia de El Oro, los jefes de migración de ambas fronteras, así como docentes y comerciantes como parte de la sociedad civil.
Las entrevistas llegaron a concentrar puntos de convergencia, llegando al punto máximo de saturación. El tipo de muestreo que se utilizará en el estudio es no probabilístico por conveniencia, donde la muestra se selecciona en base a las características del estudio. El muestreo no probabilístico es un procedimiento de selección deliberada de poblaciones porque las características específicas que se buscan en el estudio se basan en el problema.
Los criterios para la selección de participantes considerados al aplicar las herramientas de recopilación de datos para este estudio serán miembros activos de la vigilancia, expertos en seguridad civil comprometidos con la prevención de la propagación del crimen organizado.
Los criterios de inclusión que se aplicarán son los siguientes:
a) Percepción de los habitantes de las ciudades de Huaquillas y Aguas Verdes sobre la problemática investigada.
b) Sólo se confiará en información oficial obtenida de fuentes estatales e instituciones gubernamentales cuya data esté amparada por la responsabilidad institucional.
c) Se aceptará también, la data levantada por las Organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas en Ecuador y Perú.
d) Se admitirá, además información obtenida de medios de comunicación serios, responsable e imparciales.
El criterio de exclusión será el siguiente:
e) Quedará excluida del análisis cualquier información que no provenga de las cuatro fuentes anteriormente descritas.
El primer objetivo de esta investigación fue examinar el impacto de la delincuencia organizada internacional en los pasos irregulares de frontera. Desde un punto de vista integral, aquello dirigió al estudio del posible impacto en sí y además sus implicaciones a lo largo del cordón fronterizo.
Los resultados del análisis demuestran que, efectivamente, la ejecución de las actividades de los grupos delincuenciales organizados ha generado un impacto significativo y sensible y continuo en la cotidianeidad de la población de frontera.
Este resultado se acopla perfectamente a lo determinado por la Fiscalía General del Estado (2022) quien postula que, como consecuencia de la lucha por la predominancia en un negocio ilícito que ha llegado a generar más de mil millones de dólares al año, las organizaciones delincuenciales presentes en la zona han entablado una guerra por la conquista y permanencia a largo plazo en ciertas partes del territorio que comprende el cordón fronterizo entre Ecuador y Perú.
Tal como postula Rolla (2022), el accionar de estos grupos delincuenciales, inexorablemente afecta de manera negativa el capital social de los pobladores de frontera pues, una vez que estos grupos delictivos se apoderan y se asientan en una zona específica, empiezan a ejecutar delitos como la extorsión el secuestro extorsivo y el sicariato, entre otros con dos objetivos claros, el fortalecimiento de la presencia en territorio por medio del terror y el financiamiento de su organización.
En virtud de estos hallazgos, se coincide con lo manifestado por Stahlberg (2021), cuando establece que es imperativo estructurar estrategias de combate a los grupos criminales que operan en una zona determinada pues, la presencia de los mismos, desvirtúan la percepción de tranquilidad y buen vivir en los lugares donde ejercen influencia mediante la imposición de exigencias al margen del ordenamiento jurídico y más aún cuando reflejan una sensación de sometimiento por parte de las autoridades locales.
Otra de las falencias corroboradas en esta investigación ha sido la de la falta de una base de datos oportuna y confiable en virtud de la cual se puedan establecer estrategias efectivas. Aquello está en relación con lo determinado por Diviak (2020) quien sugiere fortalecer el levantamiento de información. Por otro lado, concordamos con el hallazgo de Cremin (2022) en el sentido de que hay que enfatizar en la proactividad del estado en la tratativa de este problema.
Siguiendo ese hilo conductor, es necesario ponderar lo aseverado por Lindo (2020) quien asevera que la percepción general converge en que todo esto está sucediendo porque el gobierno central y sus autoridades de control no están aplicando estrategias efectivas y eficaces a la hora de plantear acciones para combatir el accionar de la delincuencia organizada en la zona de frontera.
Ahora bien, los resultados obtenidos respaldan también la posición de Hutton (2017) pues se vuelve evidente, y todos los entrevistados coinciden en aquello, que existe un divorcio entre las acciones administrativas implementadas por el poder ejecutivo, las acciones jurídicas ejecutadas por el poder judicial y la falta de sensibilidad y compromiso a la hora de introducir reformas por parte del poder legislativo. A esto habría que adicionarle las constantes denuncias de corrupción, pues, es de dominio público, el sin número de denuncias presentadas en contra de autoridades de control y operadores de justicia que son fácilmente sobornados por parte de estas organizaciones.
La combinación de todo aquello, ratifica la necesidad de introducir reformas integrales, además de estructurar políticas públicas que tengan como finalidad combatir de manera integral este problema lo que, inexorablemente, debe incluir la conformación de comités y unidades, en la zona de frontera estudiada, especializadas en la tratativa de este problema.
La combinación de estos hallazgos y las consecuentes deducciones primarias llevan a intuir acerca de cuál es el detonante que ha provocado esta escalada delincuencial sin precedentes en esta zona de frontera. A priori, todos los entrevistados coinciden en que el inédito aumento de las actividades relacionadas al narcotráfico ha sido, en gran medida la causa principal de este problema, sin embargo, todos anotan que las actividades de movimiento de mercancías tradicionales al margen de la normativa actualmente vigente, se ha constituido en un hábito centenario en esta zona sin que los gobiernos de turno hayan podido corregir, ni siquiera controlar este problema.
Los resultados obtenidos demuestran, sin dejar espacio para la duda, que concurre una relación directa y una vinculación indivisible entre el aumento de los actos delincuenciales en la zona fronteriza comprendida entre Huaquillas del lado ecuatoriano y Aguas Verdes, del lado peruano en el periodo de tiempo estudiado y la delincuencia organizada internacional, los cuales han sido ejecutados por la influencia ejercida en la zona por organizaciones delictivas transnacionales.
Por otro lado, en función de la definición de los delitos cometidos, es también incuestionable que, los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas son el común denominador de este flagelo pues, de acuerdo con la información estadística socializada por las autoridades de control de ambos países, ha habido un exponencial repunte de delitos tales como: sicariatos, extorsión simple, secuestro extorsivo, entre otros.
El segundo objetivo específico de esta investigación se dirigió a poder descifrar el impacto de la delincuencia organizada internacional en los flujos migratorios irregulares (trata y tráfico de personas). Desde esta óptica, los resultados demuestran una relación directamente proporcional entre la influencia en la zona de estas bandas delincuenciales y el aumento de este tipo de delitos.
En función de lo que postula Job (2015), como es de esperarse en este tipo de escenario, es muy común ver el repunte de otro tipo de delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas lo que, una vez más, genera la percepción de que las autoridades de control, en ese sentido están siendo inefectivos en la tratativa de este problema.
Es de anotar, no obstante que la medición en función de los casos formal y oficialmente reportados a las autoridades de control correspondiente y/o a las unidades de control especial, el problema que aquello plantea es lo que no se ha analizado en los subregistros, en otras palabras, no se puede dimensionar con certeza, la gran cantidad de casos que no son reportados pues la ciudadanía mantiene un bajo nivel de confianza en estas autoridades, razón por la cual, gran cantidad de estos delitos quedan fuera del radar y, consecuentemente, de los registros estadísticos.
Este ángulo de visión lleva a conclusiones que se acoplan perfectamente con lo enunciado por Leiken y Brooke (2006) pues, se converge en la interpretación de que, si se basa, únicamente, en las medidas y métodos de control convencionales, es muy difícil y prácticamente imposible detectar, identificar e intervenir a las personas que ingresan por la frontera con la finalidad de delinquir pues, estas medidas de tamizaje, son fácilmente burlables con documentos forjados, con identidades falsas y con argumentos previamente elaborados.
En ese sentido, para los organismos de control, se vuelve imperativo evolucionar a estrategias de detección e intervención más avanzadas como bases de datos de huellas dactilares, lectores de retina, entre otros. Se debe, sin embargo, tomar en cuenta que la gran permeabilidad de la frontera motivo de este estudio plantea retos aún mayores ya que se deben, además, incrementar los puntos de control.
Aquello lleva además a coincidir con lo estipulado con Choi (2019) quien asevera que más allá de la complejidad y la severidad de las medidas de control implementadas en los diferentes pasos de frontera, si el área fronteriza a ser controlada es demasiado permeable, las mismas serán completamente inútiles.
Este es, casualmente el escenario que plantea la frontera Huaquillas Aguas Verdes pues, tal como ha quedado demostrado, este cordón fronterizo tiene muchas brechas que son poco o nada vigiladas lo que permite el acceso, casi irrestricto de personas de toda índole y con todo tipo de intenciones circular libremente de un país a otro sin que exista registro alguno de aquello.
Este mismo autor coincide con nuestro criterio de que si se logra combatir la permeabilidad de la frontera, lo cual solamente se puede lograr aumentando y amplificando los controles ejercidos in situ, se podría lograr conseguir una correlación proporcional entre el aumento de las medidas de control migratorio estrictas y restrictivas y el control de la delincuencia y, coherentemente, la disminución de la influencia de las bandas delincuenciales organizadas en la zona.
Los resultados del estudio se alinean también con lo postulado por Bove y otros (2020) quienes determinaron que existe una relación directa y positiva entre el aumento de delitos en zonas de frontera y el consecuente incentivo a la clase política para, en virtud de este flagelo, estructurar políticas públicas para el combate de este.
Esta coincidencia conceptual nos orilla a intuir que, tanto la clase política ecuatoriana, como su contraparte peruana, en mérito de la información con la que se cuenta, tienen suficientes incentivos, razones y motivos para introducir modificaciones significativas en los marcos legales de sus respectivos países, con la finalidad de elaborar estrategias de acción que permitan combatir de manera decidida, efectiva y eficaz el azote de la delincuencia organizada internacional en la zona de frontera que comprende el sector Huaquillas – Aguas Verdes.
Se determina entonces que, llegando a consensos mínimos entre todos los sectores de la sociedad que tienen que ver entre la tratativa de este tema, la clase política, los entes gubernamentales, las Fuerzas Armadas, las policías nacionales, inclusive los organismos internacionales de derechos humanos, mediante la magnificación de los puntos de convergencia de todos, es posible plantar estas estrategias y estas soluciones.
Es evidente que sea porque jamás se previó la avalancha de migrantes que llegaron ambos países a partir del 2013, sea porque se construyó una infraestructura de gestión y control con pocas prestaciones o, porque no se hicieron las provisiones presupuestarias correctas y de manera oportunas la capacidad de agenciamiento de las autoridades de control en frontera fue ampliamente superada por la demanda que se presentó en ese periodo. Aquello redundó en que un gran número de extranjeros ingresaran al país sin ser registrados y detectados, esto, a su vez, volvió muy difícil las labores de identificación de las personas que ingresaron al país con la intención de desarrollar actividades delictivas.
Habría que considerar, no obstante que cuando se ejecutó la construcción del CENAB, ahora CEBAF, este fue concebido en función del registro histórico migratorio entre ambos países, considerando además la migración previamente registrada de ciudadanos de otras nacionalidades. En aquel entonces, la infraestructura implementada era la adecuada para atender estas proyecciones. Nadie pudo prever lo que sucedería más adelante.
Lo indiscutible, a juzgar por la percepción tanto de las autoridades entrevistadas como por los pobladores de frontera, es que ha existido, y sigue existiendo, una gran y profunda falencia en la documentación requerida a los pocos migrantes que pueden ser registrados en las estadísticas. Tomando como fundamento la aseveración de los pobladores de frontera Huaquillas – Aguas verdes, quienes, en un 98% coincidieron en esta percepción, es decir, que los migrantes, aun los que ingresan cumpliendo con los protocolos migratorios correspondientes, no son lo suficientemente tamizados ni investigados.
Por otro lado, el tercer objetivo específico planteó la necesidad de determinar la incidencia de la delincuencia organizada internacional en los procesos de integración fronteriza. Una vez más, los resultados llevan a comprobar que, efectivamente, el accionar de estos grupos delictivos, ha influido negativamente en la total ejecución de los Acuerdos de Paz.
Inicialmente, partiendo de la premisa de que para poder implementar con éxito cualquier proyecto de integración fronteriza hace falta el financiamiento respectivo, la inversión nacional y más importante aún, la inversión extranjera, se erigen como un componente vital para concretar adecuadamente estas intenciones.
Desde esta perspectiva, se avala lo determinado por Bennett (2020), pues nuestros resultados vuelven muy evidentes que, la gravedad de los delitos que se han registrado en la frontera Huaquillas-Aguas Verdes han ahuyentado la inversión directa de actores nacionales y foráneos. Anotando que esta inversión fue muy abundante durante los primeros años luego a la firma de la paz y la celebración de los convenios que fundamentaron los mencionados proyectos de integración fronteriza.
En otras palabras, como consecuencia directa de la presencia de las organizaciones delincuenciales organizadas internacionales quienes han convertido la zona de frontera en su territorio, es muy difícil, prácticamente imposible que algún inversionista pueda encontrar atractivo este giro de negocio a corto, mediano y largo plazo.
Por ello, y tal como anota este autor, es imprescindible que, tanto el gobierno del Ecuador, como el gobierno del Perú adopten una actitud proactiva de liderazgo que cambie, radicalmente la percepción de actores externos dado que, solamente mediante los respectivos estados retomando el control de sus fronteras en todos los ámbitos, pondrán nuevamente a estos proyectos de desarrollo e integración fronteriza en el radar de los inversionistas.
Paralelamente, el cuarto objetivo específico, planteaba la necesidad de interpretar la percepción de inseguridad que tiene la población en la frontera Ecuador-Perú en 2022. Así como en los objetivos anteriores, nuestros resultados nos llevaron a comprobar que, efectivamente, el accionar de estos grupos delictivos, ha influido negativamente en la percepción de seguridad de la población materia de este estudio.
Dándole otro ángulo de visión a este tema, la percepción negativa que la presencia de estas organizaciones delictivas ha posicionado en la frontera van más allá de lo que los pobladores han visto, han sentido o han vivido. Desafortunadamente, al vivir en la era de la informática, lo que se difunde en los círculos mediáticos aporta, indefectiblemente a incrementar esta posición negativa.
A esto habría que agregarle la auto propaganda de estas mismas organizaciones en las redes sociales quienes, a través de estos medios digitales viralizan mensajes escritos de audio y video imprimiendo en el pensamiento popular la idea quede que los delincuentes gozan de un poder inconmensurable lo que les da la capacidad de desafiar tanto a las autoridades de control como a la administración política de turno. Esto, indiscutiblemente, llega a exagerar y sobredimensionar el poder que ejercen en la zona.
En virtud de nuestros resultados, aquello se entrelaza, además con las conjeturas de Helbling y otros (2022) pues, es indudable que las políticas públicas, o sus reformas y actualizaciones, se hacen necesarias ante las expresiones de inconformidad, en este caso, falta de seguridad, puestas de manifiesto por la población. Aquello, inexorablemente, responde a una lógica de orden emocional. En otras palabras, las personas exigen cambios radicales, intervención estatal, presencia gubernamental y condiciones de seguridad porque se sienten amenazadas.
Por último, el objetivo general que nos llevó a esta investigación fue, de manera integral, explorar el impacto de la delincuencia organizada internacional en la frontera Ecuador-Perú en el 2022.
En ese sentido, el resultado que arrojó nuestra investigación implica que, tomando en cuenta los resultados obtenidos en los cuatro objetivos específicos, indefectiblemente nos llevan a la deducción de que, efectivamente, la presencia y accionar de estos grupos delincuenciales organizados tuvo un impacto directo y, a juzgar por los resultados específicos, negativo, en la frontera Ecuador –Perú en el 2022.
Este resultado, de manera global coincide, nuevamente con las determinaciones de Rolla (2022) quien estipula que es imprescindible que el estado monitoree constantemente la incidencia en frontera de estas bandas delincuenciales para poder contrastarlas con la eficacia de la aplicación de las políticas públicas que existen al respecto. Esta coincidencia de criterio se acopla además con la postulación de Diviak (2020) que, por su parte defiende que es impostergable la necesidad enfatizar en la recolección de datos confiables los que, a posteriori se constituirían en herramientas básicas para mejorar estas políticas de intervención y control pues se podrá determinar los nudos críticos y las acciones necesarias.
Ambos criterios, avalan la creencia de Cremin (2022) quien establece que es mandatorio que se mejore la correcta comprensión del rol del estado a la hora de utilizar este conocimiento para ser utilizado como una herramienta eficaz que permita establecer una hoja de ruta con objetivos claros y con metas específicas que permitan encontrar una solución efectiva a largo plazo.
El no hacerlo de esa manera, indudablemente, redundaría en lo establecido por Lindo (2020) al decir que el accionar de estas organizaciones que operan al margen del ordenamiento jurídico, sumado a una evidente inacción del gobierno central, será entendida y percibida por los pobladores de esta zona de frontera como un fracaso de la administración de turno pues, al entender de todos, el gobierno central, responsable de las políticas públicas de seguridad y regente de la fuerza pública, es el primer y único responsable de velar por la seguridad y tranquilidad de todos.
Coincidiendo con todos los trabajos previos citados, nuestra investigación ha demostrado que la delincuencia organizada internacional ha tenido un muy notorio impacto negativo en el tránsito de personas por la frontera ya que, entre otras cosas, son quienes han fomentado el incremento en el número de los pasos irregulares establecidos en el cordón fronterizo.
Estos pasos irregulares, conocidos como “trochas” se han convertido en vías de circulación, dominadas por estas bandas delincuenciales, que dejan a estas organizaciones tres beneficios. En primer lugar, reemplazan al estado en el control de quienes entran y quienes salen del país lo que les permite, entre otras cosas que, las personas de su interés puedan ingresar o salir libremente. En segundo lugar, la rentabilidad económica que supone el poder de cobrar “peajes” por derecho de paso y; en tercer lugar, el dominio de canales de circulación para el tránsito de mercaderías ilícitas, entre ellas, las sustancias sujetas a fiscalización, lo que se entiende es el objetivo principal y la mayor fuente de financiamiento de estas agrupaciones. En ese mismo sentido, este ambiente de dominio geográfico absoluto, sin control ni reglamentaciones, se erige como el escenario ideal para el cometimiento de todo tipo de delitos, entre ellos, el grave flagelo del tráfico de migrantes y la trata de personas, transgresiones que causan profundos daños e impactos físicos y psicológicos a sus víctimas a corto y largo plazo.
Las estadísticas muestran que, a raíz del asentamiento de estos grupos transnacionales en la frontera, la cantidad de personas que han sido víctimas de estos delitos ha aumentado de manera exponencial, generando un problema social complejo y de profundas consecuencias que podría ser controlado con las políticas públicas correctas.
Ineludiblemente, la presencia de estas bandas de delincuencia organizada internacional en la zona fronteriza ha perjudicado la implementación de varios proyectos de integración fronteriza, pues, la inversión privada, tanto local como extranjera se ve ahuyentada ante tal situación de inseguridad que nos ofrece las garantías mínimas para los potenciales inversionistas.
Aquello, de manera directa, ha refrenado el desarrollo de esta región de frontera causando perjuicios directos tanto a los pobladores locales quienes han visto sus anhelos frustrados como para los gobiernos centrales quienes pierden la oportunidad de mejorar sus índices macroeconómicos mediante la integración binacional.
Inevitablemente, la irrefutable presencia de estas bandas criminales, han terminado por generar una profunda percepción de falta de seguridad entre los pobladores de esta zona de frontera quienes sienten que han perdido todas las garantías básicas para desarrollar sus actividades con la paz y con la tranquilidad con la que se vivía antes de la llegada de estas bandas.
Los delitos que se han vuelto más comunes y que azotan con más frecuencia a estos pobladores de frontera son los asaltos, las extorsiones, los secuestros extorsivos, los sicariatos, las vacunas, amenazas contra la vida, las amenazas contra la propiedad. El desplazamiento de zonas donde antes se realizaban actividades comerciales comunes para ser utilizadas como rutas de trata y tráfico de personas y de narcotráfico, entre otras.
En definitiva, hemos podido concluir que, la presencia, el accionar, la influencia y el control que las organizaciones delictivas internacionales, ha tenido un remarcado impacto negativo en la frontera Ecuador – Perú en el 2022 lo que ha tenido efectos, igualmente negativos tanto en el área geográfica de la frontera como en la cotidianeidad de los pobladores de frontera. Además, es irrebatible que este impacto negativo ha contribuido a aumentar el flujo de la migración irregular mediante la creación y dominio de pasos irregulares controlados por estas bandas lo que, a su vez, ha coadyuvado al incremento de los registros estadísticos de crímenes execrables, tales como, tratas de personas y tráfico de migrantes lo que ha favorecido la elevación de la prostitución forzosa y tráfico de niños, entre otros.
El común denominador del ideario de los pobladores de frontera es que el estado central, representado por el gobierno de turno es, por inacción, el directamente responsable de lo que está pasando y, en consecuencia, es el llamado a delimitar acciones y estrategias que puedan controlar de manera efectiva las consecuencias de estos delitos.
Contribución de autores
E. R. P. I. Idea, revisión de literatura, metodología, discusión de resultados, conclusiones y redacción del artículo.
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